domingo, 19 de julio de 2009

Precedentes Constitucional sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales

Precedentes  Constitucional sobre Accidentes y Enfermedades Profesionales

Mediante sentencia de fecha 13 de octubre de 2008, emitida en el Expediente N° 02513-2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha unificado y reiterado los precedentes vinculantes sobre la interpretación y aplicación de las normas que regulan el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP), referidos a:

- Prescripción de la pensión vitalicia del Decreto Ley N° 18846.
- Ámbito de protección del Decreto Ley N° 18846 y del Decreto Supremo N° 002-72-TR.
- Acreditación de la enfermedad profesional.
- Percepción simultánea de pensión vitalicia o pensión de invalidez y remuneración: supuesto de compatibilidad e incompatibilidad.
- Inexigibilidad del subsidio por incapacidad temporal para acceder a una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790.
- Configuración de la invalidez y la inversión de la carga de la prueba.
- Existencia del nexo o relación de causalidad para acreditar una enfermedad profesional.
- Reajuste del monto de la pensión vitalicia o de la pensión de invalidez.
- Pensión mínima del Decreto Legislativo N.º 817 y su relación con la pensión vitalicia por enfermedad profesional.
- Arbitraje en el SCTR y la excepción de convenio arbitral.
- Fecha de inicio de pago de la pensión vitalicia o pensión de invalidez.
- Responsabilidad del Estado en el SCTR.

Asimismo, el Tribunal ha establecido como nuevos precedentes vinculantes, los siguientes:

“a. La percepción del subsidio de incapacidad temporal otorgado por EsSalud, no será exigible como condición previa al otorgamiento de la pensión de invalidez del SCTR, cuando el vinculo laboral del asegurado haya concluido, se determine que padece de una enfermedad profesional irreversible, y que esta, ha tenido su origen en la actividad de riesgo que desarrollaba. En el caso de accidentes de trabajo, se aplicará la misma regla cuando las secuelas del accidente producido durante la relación laboral, se presenten luego del cese.

b. Procede el reajuste del monto de la pensión vitalicia del Decreto Ley N.º 18846 cuando se incremente el grado de incapacidad, de incapacidad permanente parcial a incapacidad permanente total, o de incapacidad permanente parcial a gran incapacidad, o de incapacidad permanente total a gran incapacidad. Asimismo, procede el reajuste del monto de la pensión de invalidez de la Ley N.º 26790 cuando se incremente el grado de invalidez, de invalidez permanente parcial a invalidez permanente total, o de invalidez permanente parcial a gran invalidez, o de invalidez permanente total a gran invalidez.

c. En los procesos de amparo en que se haya solicitado al demandante como pericia el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o Calificadora de Incapacidades y este no haya sido presentado dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento, la demanda será declarada improcedente.

d. Los jueces al calificar las demandas de amparo interpuestas a partir del 19 de enero de 2008, cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley Nº18846, o de una pensión de invalidez conforme a la Ley N.º 26790 y al Decreto Supremo N.º 003-98-SA, la declararán improcedente si advierten que el demandante no ha adjuntado a su demanda el dictamen o certificado médico emitido por las Comisiones Médicas Evaluadoras o Calificadoras de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de las EPS.

e. A la ONP y a las compañías de seguros que no apliquen los precedentes vinculantes se les impondrá las medidas coercitivas previstas en el artículo 22.º del CPConst. Asimismo, a los demandantes que interpongan demandas de amparo manifiestamente infundadas por ser contrarias a los precedentes vinculantes referidos, se les impondrá el pago de los costos y costas del proceso por su actuación temeraria.”

Por otro lado, a los abogados se les impondrá el pago de una multa, cuando en autos quede demostrado que tenían conocimiento de que patrocinan procesos cuyas pretensiones son contrarias a los precedentes vinculantes.

Los precedentes mencionados deben ser aplicados tanto por el Poder Judicial, como por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), las Compañías Aseguradoras y los propios asegurados.

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