lunes, 14 de septiembre de 2009

Sociedades laborales

INTRODUCCIÓN

En el ordenamiento jurídico español, la sociedad mercantil puede adoptar cualquiera de estas formas:

- Sociedad colectiva.

- Sociedad comanditaria simple.

- Sociedad comanditaria por acciones.

- Sociedad anónima.

- Sociedad de responsabilidad limitada.

Los dos primeros tipos pertenecen a la categoría de sociedades personalistas, mientras que los tres restantes se integran en el género de las sociedades capitalistas. Aquellas se caracterizan porque la causa determinante de la asociación es la persona del socio, la gestión y la representación corresponde a los socios (autoorganicismo), y la cualidad del socio es intransmisible. Por el contrario, las sociedades capitalistas tienen como rasgos identificativos la aportación del socio como causa determinante de la asociación, la gestión de la sociedad no corresponde a los socios (organicismo de terceros), y la cualidad de socio es transmisible.

Analizando cada uno de los tipos societarios antes expuestos, resulta que en la sociedad colectiva los socios responden personal e ilimitadamente por las deudas sociales. En la comanditaria simple, en la que existen socios colectivos y socios comanditarios, los primeros responden como en la colectiva, mientras que los segundos tienen una responsabilidad personal, pero limitada al importe de su aportación. La sociedad comanditaria por acciones e caracteriza porque los socios comanditarios responden de la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. La sociedad anónima ofrece la peculiaridad de que no existe responsabilidad personal de los socios. Unicamente responde el patrimonio social hasta el límite de su cuantía. El socio se obliga a aportar solamente el importe de sus acciones por él suscritas. Finalmente, la sociedad de responsabilidad limitada se caracteriza porque la responsabilidad de los socios es limitada como en la anónima, sin embargo, el régimen interno de la sociedad es similar al de una sociedad colectiva.

La constitución de una sociedad mercantil requiere de dos actos fundamentales: otorgamiento de escritura pública ante Notario e inscripción en el Registro Mercantil. La presentación de la escritura ante el Registro ha de realizarse en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de otorgamiento. Otro trámite que debe cumplimentarse es la solicitud ante la Agencia Tributaria del número de identificación fiscal.

SOCIEDADES LABORALES

El artículo 129.2 de la Constitución española de 27 de Diciembre de 1978 señala que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Pues bien, de acuerdo con este mandato constitucional está la Ley 4/1997 de 24 de Marzo, de Sociedades Laborales, cuya finalidad es conseguir nuevos métodos de creación de empleo, fomentando a la vez la mencionada participación de los trabajadores en la empresa.

La Sociedad Laboral se caracteriza por los siguientes rasgos:

- La mayoría del capital ha de ser propiedad del conjunto de los socios trabajadores que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido.

- Se fija un límite para los trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido: el número de horas trabajadas por ellos al año no debe superar el 15% de las horas trabajadas en el mismo período por los trabajadores que sí son socios. Este porcentaje varía pasando al 25% cuando se trate de sociedades de menos de 25 trabajadores. Una regla a tener en cuenta es que para el cálculo de estos porcentajes, no se toman en cuenta los trabajadores con contrato de duración determinada. En todo caso, la superación de estos límites debe comunicarse al Registro de Sociedades Laborales, para su autorización por el órgano del que dependa.

- Fijación del máximo de capital que puede poseer cada socio: no más de la tercera parte, salvo que se trate de sociedades laborales participadas por el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales o sociedades públicas participadas o cualquiera de tales instituciones, en cuyo caso la participación de las entidades públicas podrá superar dicho límite, sin alcanzar el 50% del capital social. Dicho capital social estará dividido en acciones nominativas o en participaciones sociales.

- Existencia de dos tipos de acciones o participaciones según sus propietarios sean trabajadores por tiempo indefinido o no. A la primera se le denominará "clase laboral", a la segunda clase "clase general".

- Derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de las acciones o participaciones de carácter laboral.

- Constitución de un Fondo Especial de Reserva que se dotará con un 10% del beneficio líquido de cada ejercicio que será destinado a compensar pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para dicho fin.

- Acceso a beneficios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que la sociedad posea la calificación de "Laboral" y destine al Fondo Especial de Reserva el 25% de los beneficios líquidos, en el ejercicio en que se produzca el hecho imponible.

Consecuencias de este régimen jurídico que se acaba de exponer son las siguientes:

- En la denominación de la sociedad deberán figurar la indicación "Sociedad Anónima Laboral" o "Sociedad de Responsabilidad Limitada" o sus abreviaturas SAL o SLL, según proceda, pues no debe olvidarse que la Ley de 24 de marzo de 1997, opta por los dos tipos societarios citados, dejando a la voluntad de las partes la adopción de una u otra forma. Hay que tener en cuenta que el adjetivo "laboral" no podrá ser incluido en la denominación por aquellas sociedades que no hayan obtenido la calificación de "Sociedad Laboral"; calificación que es otorgada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, el órgano competente de aquellas Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos de funciones y servicios, previa solicitud de la propia sociedad. A la solicitud debe acompañarse la documentación que se determine reglamentariamente.

- Creación de un Registro administrativo dependiente del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, en el que se hacen constar los actos determinados legal y reglamentariamente. La sociedad gozará de personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro Mercantil, si bien, para su inscripción en dicho Registro, debe aportarse el certificado que acredite que la sociedad ha sido calificada como "Sociedad Laboral" e inscrita como tal en el Registro administrativo de Sociedades Laborales.

- Todos los socios trabajadores de las sociedades laborales estarán afiliados al Régimen General o a alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, incluidos los miembros de los órganos de administración, tengan o no competencias directivas.

Por último, son causas de pérdida de la calificación como "Sociedad Laboral" las siguientes:

a) Exceder de los límites del 15% y del 25% del número de horas al año trabajadas por los trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido.

b) Poseer un socio más de la tercera parte del capital social, salvo lo dicho anteriormente para las sociedades laborales participadas por Entidades Públicas.

c) No dotar, dotar insuficientemente o aplicar indebidamente el Fondo Especial de Reserva.

Las Sociedades Laborales se disuelven por las causas establecidas para las Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada, según la forma que ostenten y por la pérdida de la condición de "sociedad laboral".

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Su regulación se lleva a cabo por la reciente Ley 27/1999, de 16 de Julio, de Cooperativas. Esta Ley pretende dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 129.2 de la Constitución que ordena a los poderes públicos el fomento de las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada.

Las cooperativas están en una fase de expansión dada las constantes transformaciones experimentadas por el mundo actual. Los cambios tecnológicos, económicos y en la organización del trabajo, así como la aparición de nuevos “yacimientos de empleo” están atribuyendo un especial protagonismo a las pequeñas y medianas empresas. Las cooperativas constituyen el cauce adecuado para canalizar las iniciativas de los ciudadanos que desarrollen actividades generadoras de riqueza y empleo estable. El cooperativismo es la respuesta de la sociedad civil a los constantes e innovadores condicionamientos económicos.

Las cooperativas se definen como sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional.

Las cooperativas pueden ser de primero y de segundo grado. Las primeras necesitan para constituirse tres socios como mínimo. Las segundas requieren, la menos, dos cooperativas. Las cooperativas de primer grado pueden clasificarse de la siguiente forma:

- Cooperativas de trabajo asociado.

- De consumidores y usuarios.

- De viviendas.

- Agrarias.

- De servicios.

- Del mar.

- De transportistas.

- De seguros.

- Sanitarias.

- De enseñanza.

- De crédito.

La nueva Ley ha creado tres nuevas categorías de cooperativas: Las integrales, que son aquellas que cumplen finalidades propias de diferentes clases de cooperativas en una misma sociedad; las de iniciativa social, que se caracterizan por carecer de ánimo de lucro y poseer como objeto la prestación de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social no atendidas por el mercado; y las cooperativas mixtas en las que existen socios cuyo derecho de voto puede determinarse en función del capital aportado que estará representado por medio de títulos o anotaciones en cuenta y que se denominarán partes sociales con voto, sometidos a la legislación reguladora del mercado de valores.

Se regula la figura del socio colaborador, que sustituye al denominado “asociado” de la anterior Ley, ampliando sus posibilidades de participación. El socio colaborador puede ser una persona física o jurídica que, sin participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social, puede contribuir a su consecución.

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